El lunes pasado, el presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de Ley de promoción agroindustrial surgido del debate con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). El objetivo de la norma será “fortalecer inversiones” para “agregar valor y aumentar la producción, las exportaciones y el empleo”, dijo el Presidente. Y explicó que con ese fin se prevén “incentivos impositivos y previsibilidad” para las inversiones.
Según contaron desde el CAA, el proyecto contempla 16 artículos, de los cuales ya hay 14 acordados. Uno de los que aún se discute, tiene que ver con la ganadería, para la que se prevén estímulos a fin de aumentar la productividad del rodeo (lograr más terneros por vaca) y terminar animales más pesados.
También habrá un capítulo referido a la unificación del estatus sanitario de los frigoríficos de consumo y exportación, aunque en ese aspecto se fijarán objetivos de largo plazo para ir avanzando en su implementación, junto a mecanismos de ayuda para encarar las inversiones necesarias para la comercialización de carne en cuartos y cortes.
Los tributos
“La idea es aumentar la producción de la mano de amortizaciones aceleradas y desgravaciones impositivas”, dijo a Valor Carne Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de las Carnes. Y advirtió que hoy “la discusión pasa por el costo fiscal” de algunas medidas y “la forma de control sobre lo que se acuerde”.
El primer punto saldado es un cambio en la declaración de la valuación del stock por parte de los productores, sobre cuya variación se pagan ganancias todos los años a pesar del enorme peso de la inflación en la misma. Los miembros del Gabinete económico habrían dado el visto bueno a modificar el formato y que los ganaderos paguen ganancias por el resultado efectivamente realizado, sin agregar la diferencia en el valor de la tenencia de animales.
“Está aceptado no pagar más Ganancias por tenencia. Nos costó mucho, pero entendieron que la medida no tiene impacto fiscal porque en algún momento el productor va a pagar y lo único que hay es un diferimiento”, afirmó Chiesa, resaltando que además traerá un beneficio para todo el sistema “ya que el productor no tendrá que vender hacienda más liviana para poder enfrentar el pago”.
El novillo pesado
La negociación incluye un incentivo al novillo pesado, para lo cual se están discutiendo diferentes alternativas. El método será la desgravación de ganancias y el punto más áspero pasa por el costo fiscal que esto podría generar.
“Para destrabar el tema hay que definir si el incentivo se dará sobre el incremental de kilos o para todos los novillos a partir de los 420 kg. En el primer caso, el problema es que habría que tener el promedio de la faena de cada productor de los últimos años. En el segundo, la objeción de los funcionarios es qué hacer con quiénes ya venden por encima de los 420 kg porque eso no sería un incremental”, contó el coordinador de la Mesa de las Carnes. “Sobre eso –prosiguió- nosotros les decimos que hay que dejar que estos ganaderos también se beneficien”.
El temor del Gobierno es el costo fiscal inmediato, al dejar de percibir los ingresos que actualmente llegan por esos animales pesados. Como contrapartida, desde el CAA argumentan que con el paquete de incentivos la recaudación aumentará por el crecimiento conjunto de toda la ganadería.
Otro de los temas a definir es hasta cuándo durará este incentivo. En ese sentido, Chiesa sostuvo que se plantea a modo de “impulso al crecimiento y no como algo estable”, por lo que el límite debe fijarse en una determinada cantidad de años o alcanzando cierto nivel de animales pesados anuales. “Tampoco puede crearse una burbuja donde el novillo pesado sea negocio solo por el subsidio de ganancias”, subrayó.
Para la cría también
Retrocediendo al inicio de la cadena, la definición de los incentivos parece más compleja.
“Necesitamos una medida de shock porque comienzan los tactos y el productor decide con cuántas hembras se queda para reposición”, afirmó. La herramienta podría ser algún tipo de disminución de ganancias sobre los terneros.
Asimismo, la agenda incluye beneficios para encarar pasturas, amortizaciones aceleradas de inversiones en aguadas, apotreramiento y corrales, además de un plan para generar reservas forrajeras.
El diagnóstico, es que el mayor problema de la cría es la subnutrición de las vacas, que impide que se preñen. Por eso, apuntan a la búsqueda de beneficios para mejorar “la eficiencia forrajera, amortización de pasturas, control de condición corporal”, entre otros.
Así las cosas, una opción sería la generación de “algún incentivo fiscal o crediticio armando un programa que a medida que el productor cumpla objetivos se puedan seguir mejorando los beneficios”, reveló.
De todas formas, Chiesa sostiene que “un mecanismo de este tipo va a necesitar la adhesión de las provincias, que puedan hacer un monitoreo de las acciones”. Por eso, considera que la Ley que se envíe deberá servir como “marco para otras reglamentaciones que potencien la actividad”.
Más allá de los debates puntuales, el coordinador de la Mesa de las Carnes destacó que lo saliente es que “las ideas que se proponen son bien recibidas por los funcionarios y se genera una discusión técnica al respecto. Se entiende que la apuesta es aumentar la producción”.
Por Marcos Lopez Arriazu, Jefe de Redacción de Valor Carne