Desde la Copal confirmaron que hoy presentarán un recurso administrativo para que el sector sea apartado del SIPRE. De no prosperar, irán a la justicia.
Este miércoles, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) dará un primer paso para intentar frenar la aplicación del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE) en el sector de alimentos. Inicialmente, los empresarios presentarán un Recurso Administrativo, pero de no prosperar ya adelantaron que irán a la justicia.
El SIPRE es un programa diseñado por el ministerio de Desarrollo Productivo para que grandes empresas de consumo masivo brinden información sobre cantidades producidas y vendidas, además del stock disponible, además de otras informaciones sensibles.
“Vamos a elevar un recurso administrativo en la propia Secretaría de Comercio de la Nación, porque si se implementa va a haber una superposición de datos a suministrar y mecanismos que ya se realizan, pero además no es pertinente brindar cierta información”, confirmó a A24.com Agro Daniel Funes de Rioja, Presidente de la Copal.
Entre otros cuestionamientos, los empresarios consideran que la herramienta puede poner en riesgo la seguridad de sus negocios. “Hay informaciones que pertenecen a las empresas y forman parte de su propia estrategia, tienen que ver con su herramienta comercial”, indicó el dirigente.
El SIPRE fue lanzado semanas atrás a través de la Resolución 237/2021 y comenzará a funcionar en abril. En una primera instancia alcanza a medio millar de empresas, entre las que se destacan alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza; materiales para la construcción y muebles; químico y agroquímico; y de electrónica y electrodomésticos.
“Nosotros apuntamos a que no se aplique en nuestro caso, que son los alimentos procesados y las bebidas”, aclaró Funes de Rioja, quien ya había cuestionado el SIPRE al momento de su lanzamiento.
“¿Saben lo que significa para una compañía armar esta información para esto o para fines fiscales? Todo cae sobre las espaldas de empresas que están en la misma crisis que el país», había declarado esa mañana.
Otro de los argumentos de la Copal es que el SIPRE obtiene su marco jurídico de la Ley de Abastecimiento, también denunciada como inconstitucional por la Copal.
Sin embargo, el Gobierno sigue decidido a aplicarla. El propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo el fin de semana pasado que “en la historia argentina hubo dos presidentes que aplicaron la Ley de Abastecimiento. Uno fue Juan (Domingo) Perón. Y el otro soy yo. Y la verdad es que lo hago con mucha convicción de que hace falta poner un poco en caja a los pícaros y especuladores. Hay mucha gente sufriendo”.
Por eso, desde la Copal saben que si no “camina” el recurso en la Secretaría de Comercio, el partido seguirá en la Justicia.
¿Por qué tilda de inconstitucional la Ley de Abastecimiento? “Invade derechos constitucionales y el derecho de propiedad y el derecho de ejercer la industria licita de cualquier empresa. Nosotros lo pusimos de manifiesto desde hace muchos años, y lo volvimos a poner sobre la mesa cuando volvió a entrar en vigencia. Hay otros caminos que el Estado podría tomar, y se deduce de lo que surge de la Ley de defensa de la Competencia, Defensa de los Consumidores y la ley de Lealtad Comercial”, resumió Funes de Rioja.
En octubre de 2014, Copal había realizado una acción de inconstitucionalidad. Pero, en sintonía con lo que explicó el Presidente de la Nación, la Ley nunca había podido entrar en vigencia, y no se había consumado un perjuicio por el cual reclamar judicialmente. Hoy, ese panorama, es percibido distinto por los empresarios.
Las «trabas» que depararía el SIPRE
“No se está teniendo en cuenta que las empresas tienen entre un 12% y un 20% de su personal licenciado por la pandemia. Y por otro lado, el propio Gobierno está reconociendo que estamos ante una nueva ola de coronavirus, con nuevas cepas, y eso va a tener su repercusión. Entonces: nos están pidiendo un cúmulo de información que verdaderamente procesarla es una carga administrativa que no excluye otros métodos informativos”, detalló Funes de Rioja.
El dirigente puso como ejemplo las palabras de un reconocido economista. “Esto es como liquidar impuestos: porque no es que en Argentina tenemos uno solo, tenemos 160, entre impuestos, tasas y contribuciones. Uno de nuestros dirigentes, Gustavo Lázzari, lo ha manifestado claramente: eso significa destinar al pago de impuestos más de la mitad de los días hábiles de un mes”, graficó.
“La posibilidad de que un Estado reflexione sobre sus propias decisiones”
“Tenemos diálogo con la Secretaría de Comercio, lo hemos tenido a través de toda la pandemia y lo seguimos teniendo. Pero eso no quiere decir que no tengamos diferencias, porque las tenemos y de hecho las puntualizamos. Y como hacemos en este caso, vamos con un recurso administrativo como primera instancia para también mantener ese diálogo. Los grandes administrativistas dicen que este tipo de presentaciones “son la posibilidad de que un Estado reflexione sobre sus propias decisiones”, sin tener que llegar a una instancia judicial ni nada. Encontrar caminos viables y posibles para todos”, dijo.
-¿Lo sorprendió la medida?
-No la esperábamos. Es más: habíamos tenido una reunión en la Unión Industrial con el ministro Matías Kulfas por esas mismas horas, antes al anuncio, y no lo había comentado.
-¿Infieren que la Secretaría de Comercio se va a mantener en su postura?
-Yo no tengo prejuicios. Tengo vocación de diálogo, de construcción y también de soluciones. Y tengo la conciencia de que somos un sector que tiene responsabilidades, que se bancó toda la pandemia abasteciendo, incluso con precios congelados en el rubro de alimentos procesados, y ese rol nos da la posibilidad de aspirar a un diálogo. Por eso no me quiero adelantar y decir que “es un recurso que va a terminar en la Justicia”. Yo aspiro a que podamos encontrar soluciones.
-Siendo 2021 un año electoral, ¿en el sector temen mayores congelamientos de precios?
-Nosotros aspiramos a un freno a la inflación estructural que, como dijo el ministro de Economía Martín Guzmán, es un problema macroeconómico y multicausal. Lo que nosotros tenemos en claro es que en el 2020, con precios congelados, nos aumentaron del 4% al 10% y la inflación fue del 36%. Ese para mí es un claro testimonio de que no somos nosotros la inflación, sino que lamentablemente nos pega a nosotros. Lo que queremos es producción, consumo y exportación. Las tres cosas.
