El juez que tiene a su cargo el concurso preventivo de la empresa Vicentin no dio curso a las pretensiones del gobierno de Santa Fe, la llamada “propuesta Perotti”, y, sin desestimar el planteo, solo abrió para ella otro expediente paralelo.
De hecho, ratificó su resolución de la semana pasada por la cual estableció que la administración de la compañía se mantenga en manos de sus accionistas y que los interventores designados por el gobierno de Fernández permanezcan pero en condición de «veedores controladores».
La “propuesta Perotti” propiciaba, por intermedio de un planteo suspensivo, que la empresa quedara en manos de un “triunvirato” de interventores –los dos designados por Fernández más uno que se agregaría en representación del gobernador santafesino-, desplazando al directorio de los accionistas, esto es, a la familia Vicentin.
Un miembro de la familia definió a esa pretensión como una “expropiación light”.
En general, se ha coincidido que la presentación de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe no difería en el propósito de fondo, de la intervención y amenaza de expropiación del gobierno Fernández.
El juez Lorenzini ha entendido que acoger ese planteo del gobierno santafesino habría provocado una superposición de cuestiones que retrasaría el trámite concursal, en el que se han presentado y admitido 2.638 acreedores, por una suma cercana a los $ 100.000 millones.
Se descuenta que ahora los gobiernos santafesinos y nacional accionarán en la línea de sus planes originales o, cuanto menos, apelarán la decisión del magistrado.
Fuente: Agrovoz
