Retenciones: para la Sociedad Rural son “inconstitucionales” y hará una presentación en la Justicia

La Sociedad Rural Argentina (SRA) hará una presentación judicial para reclamar por la “inconstitucionalidad” de las retenciones a las exportaciones del campo, en línea con el reclamo público que realiza desde enero. Ahora ha decidido formalizar ante la Justicia, uno de los tres poderes del Estado. De hecho, argumentan que le pidieron al presidente Alberto Fernández (Poder Ejecutivo) que las derogue, y acompañaron proyectos de diputados (Poder Legislativo) que buscan el mismo objetivo.

El presidente de la SRA, Nicolás Pino, otros directivos de la entidad y asesores legales, ofrecerán este lunes a las 15 una conferencia de prensa para dar detalles de la presentación judicial, que según pudo saber TN tendrá los mismos argumentos que se plantean desde enero.

Los 4 argumentos para pedir la inconstitucionalidad de las retenciones al campo

La síntesis de los argumentos para reclamar que se declare a las retenciones como inconstitucionales se basan en 4 pilares:

1. La ley de emergencia venció el 31 de diciembre de 2021;
2. El plazo especifico fijado en dicha norma para imponer retenciones venció en esa misma fecha, razón por la cual no pueden ir más allá;
3. La ley del Presupuesto que prorrogaba esas facultades no fue aprobada por el Congreso;
4. El Congreso dio por finalizadas en 2010 todas las prórrogas de antiguas delegaciones en el Poder Ejecutivo, como la que contenía el Código Aduanero y que, por muchos, incluso luego de la reforma constitucional de 1994, fueron utilizadas como base legal para justificar las retenciones omitiendo su imprescindible sustento legal.

Varios representantes del sector agropecuario consideran que el rechazo al Presupuesto 2022 en el Congreso habría dejado sin sustento legal a los derechos de exportación. En ese marco, Pino pidió el fin de las retenciones en la asamblea realizada el 9 de enero en Armstrong, convocada por productores autoconvocados y que contó con la presencia de las 4 entidades de la comisión de enlace de entidades agropecuarias.

En ese sentido, el presidente de la Rural había advertido que “uno de los caminos que analizaban los ruralistas es ir a la Justicia”.

Por qué desde el campo se pide que se declaren inconstitucionales las retenciones a las exportaciones

Entienden que el pasado 31 de diciembre venció el plazo fijado en el artículo 52 de la Ley 27.541 de “Emergencia Pública”, dictada en diciembre del 2019, que le permitía al presidente de la Nación, Alberto Fernández, fijar las retenciones por decreto. Ante el vencimiento de ese plazo, fue que el Gobierno trató de continuar con esa facultad a través del frustrado proyecto de Presupuesto 2022.

“Por lo tanto, la legislación que habilitaba al Poder Ejecutivo a fijar retenciones ha concluido”, señaló la Rural. Al mismo tiempo, recordó que, según lo dispone la Constitución Nacional, y tal como lo reconocen los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), las retenciones, por ser manifestaciones del poder tributario del Estado, “solo pueden ser exigidas por ley del Congreso, y el Poder Ejecutivo tiene prohibida su creación en cualquier circunstancia”.

En estos últimos años, el Gobierno fijó las retenciones porque así lo había habilitado la última Ley de Emergencia. “Pero esa facultad de emergencia, por naturaleza transitoria, ha vencido por el mero transcurso del plazo fijado. Por tal razón, la percepción de derechos de exportación, más allá del 31 de diciembre de 2021, sin que el Congreso haya prorrogado las facultades delegadas del artículo 52 de la Ley 27.541, se encuentra viciada de nulidad absoluta e insanable, y es manifiestamente inconstitucional”, señalaron desde la SRA, que integra la mesa de enlace junto a la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

En tal entendimiento, el Decreto 851/21, dictado el pasado 15 de diciembre, sería nulo también en cuanto fija alícuotas para determinadas mercaderías “a partir del 1° de enero de 2022″. O sea, señaló la Sociedad Rural, “por fuera del período de emergencia de la ley, e incluso por fuera del periodo específico fijado por esa misma ley en el cual podía imponer retenciones. No hay otra posible discusión interpretativa al respecto”.

En ese sentido, remarcaron que “la gravedad de la situación actual exige de parte de todas las autoridades de la Nación una inmediata atención”.

En primer lugar, la entidad mencionó al Poder Ejecutivo y a los órganos que de él dependen, que “no puede continuar exigiendo el pago de un tributo sin que una ley lo habilite; ejercer una competencia tributaria en esas condiciones constituye una imposición ilegítima, inaceptable en un Estado de Derecho”.

Y advierten que “esta situación, que podría evitarse, generaría “un enorme daño al Estado en la medida que frente a la ausencia total de base legal de las actuales retenciones surgirán indefectiblemente numerosos reclamos económicos”.

Esta “crítica situación”, evalúan, exige que el Congreso deba “abocarse de inmediato a debatir y decidir cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al Tesoro de la Nación, sin impedir la reactivación económica, el crecimiento de la economía y la disminución de la pobreza”.

En lo que respecta a las retenciones, el Congreso deberá decidir “si sigue con la política de imponerlas o no, y en caso afirmativo a qué sectores y cuáles han de ser las alícuotas”.

“Finalmente, si las autoridades políticas no fuesen capaces de cumplir sus roles constitucionales, serán los jueces de la Nación quienes deberán honrar su papel como custodios de la Constitución y de las reglas comunes de convivencia democrática. Solo mediante una decisión adoptada, luego de un debate abierto y responsable, por el Congreso, será legítimo obligar a los contribuyentes a destinar un parte sustancial de su trabajo y de su esfuerzo para el sostenimiento del Estado y de un proyecto común de país”, concluyeron.